El cierre de la audiencia estuvo a cargo de los abogados representantes de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y Provincia. Detallaron que lo ocurrido en Junín se inscribía en el marco del plan sistemático pergeñado por el golpe de estado de 1976 y la dictadura cívico-militar.
Los abogados de la querella, representada por abogados de las áreas de derechos humanos de la Nación y Provincia, anticiparon su adhesión a los argumentos presentados por la fiscalía. Los mismos cerraron la extensa audiencia de este viernes, ya pasadas las 23. "Estos juicios lejos están de ser juicios del pasado, sino que tienen la intención de construir", señalaron.
El abogado representante de la secretaría de derechos humanos de la provincia recordó que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. "Los hechos que se imoutan en este juicio fueron cometidos en el marco de un plan sistemático de represión en todo el país", destacaron durante su alocución en la audiencia del juicio que se sigue por la actuación de la represión en nuestra ciudad, y se habló de una decisión de "exterminio" instaurado por la dictadura cívico-militar en el país.
"Dentro de los hechos delictivos y aberrantes ejecutados como parte de este plan sistemático, se inscriben los delitos de violencia sexual. Estos delitos no fueron hechos casuales ni asilados, ni excesos individuales. Tales ataques estaban pergeñados en el plan previo para debilitar y denigrar a las víctimas y en esto Junín no fue la excepción", indicó el profesional representante de la secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
"El gobierno de facto para cumplir su plan se valió de efectivos de las distintas fuerzas, como el caso de la policía de la provincia de Buenos Aires, aunque siempre bajo el mando del Ejército", indicó el abogado.
Para los organismos de Derechos Humanos, "han existido vaivenes en la lucha por la verdad y la justicia" y en tal sentido mencionaron a la ley de Punto Final y de Obediencia Final hasta que finalmente se declaró la nulidad de dicha legislación, convalidado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Resulta claro que la marcha de estas investigaciones generan malestar en parte de la sociedad, para deslegitimar se dice que los imputados son presos políticos y perseguidos", expresó el abogado quien citó a las declaraciones de Mastandrea y Manzanares que echaron mano a este argumento para deslegitimar el proceso judicial al que son sometidos".
Expresó que se ha tenido un proceso judicial conforme a todas las garantías. "Este tipo de juicios realizado en una ciudad como Junín contribuye en forma positiva al conocimiento y esclarecimiento de esos episodios. Este juicio brinda la posibilidad de demostrar que aún pasados 35 años, es posible que se haga justicia", destacó el abogado de la secretaría de derechos humanos provincial.
La querella también consideró que no existe eximentes para los imputados y como agravantes consideró el hecho de ser todos miembros de organismos del Estado creados para proteger a la ciudadanía, haber cometido los hechos como parte de un plan sistemático contra la población civil utilizando la clandestinidad pero con medios provistos por el Estado.
Pidió que se condene a Gómez Pola por resultar autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos agravados por el hecho de ser las víctimas perseguidos políticos y homicidio doblemente calificado por alevosía con el concurso agravado de dos o más personas en perjuicio de Torreta, Mesa y Romié a prisión perpetua y se revoque el arresto domiciliario, beneficio que goza el militar retirado y que se aloje en una dependencia penal federal.
Pidió que a Bracken se lo condene, por ser autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio doblemente agravado a la pena de prisión perpetua, inhabilitación perpetua. Para Mastandrea (imputado de privación ilegal de la libertad) pidió 25 años de prisión; para Esterlich (privación ilegal de la libertad) solicitó la querella 25 años de prisión; para Chiachietta, por imposición de tormentos y privación ilegal de la libertad, solicitó la querella la pena de 25 años de prisión; en el caso de Miguel Angel Almirón, pidió que se lo condene por privación ilegal de la libertad agravado por violencia y amenazas a la pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta por el término de la condena; para Manzanares a quien se lo considera autor penalmente responsable de privación ilegal de la libertad agravado por haberse producido por violencia y amenaza, a la pena de 25 años de prisión.
Para todos solicitaron que se les de de baja de los beneficios jubilatorios y se eleve el testimonio de la sentencia a los ministerios de Defensa de la Nación y de Seguridad para que se declare la exoneración de los imputados y sean investigados los delitos de tenor sexual que fueron mencionados durante las audiencias.
Los abogados de la querella, representada por abogados de las áreas de derechos humanos de la Nación y Provincia, anticiparon su adhesión a los argumentos presentados por la fiscalía. Los mismos cerraron la extensa audiencia de este viernes, ya pasadas las 23. "Estos juicios lejos están de ser juicios del pasado, sino que tienen la intención de construir", señalaron.
El abogado representante de la secretaría de derechos humanos de la provincia recordó que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. "Los hechos que se imoutan en este juicio fueron cometidos en el marco de un plan sistemático de represión en todo el país", destacaron durante su alocución en la audiencia del juicio que se sigue por la actuación de la represión en nuestra ciudad, y se habló de una decisión de "exterminio" instaurado por la dictadura cívico-militar en el país.
"Dentro de los hechos delictivos y aberrantes ejecutados como parte de este plan sistemático, se inscriben los delitos de violencia sexual. Estos delitos no fueron hechos casuales ni asilados, ni excesos individuales. Tales ataques estaban pergeñados en el plan previo para debilitar y denigrar a las víctimas y en esto Junín no fue la excepción", indicó el profesional representante de la secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
"El gobierno de facto para cumplir su plan se valió de efectivos de las distintas fuerzas, como el caso de la policía de la provincia de Buenos Aires, aunque siempre bajo el mando del Ejército", indicó el abogado.
Para los organismos de Derechos Humanos, "han existido vaivenes en la lucha por la verdad y la justicia" y en tal sentido mencionaron a la ley de Punto Final y de Obediencia Final hasta que finalmente se declaró la nulidad de dicha legislación, convalidado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Resulta claro que la marcha de estas investigaciones generan malestar en parte de la sociedad, para deslegitimar se dice que los imputados son presos políticos y perseguidos", expresó el abogado quien citó a las declaraciones de Mastandrea y Manzanares que echaron mano a este argumento para deslegitimar el proceso judicial al que son sometidos".
Expresó que se ha tenido un proceso judicial conforme a todas las garantías. "Este tipo de juicios realizado en una ciudad como Junín contribuye en forma positiva al conocimiento y esclarecimiento de esos episodios. Este juicio brinda la posibilidad de demostrar que aún pasados 35 años, es posible que se haga justicia", destacó el abogado de la secretaría de derechos humanos provincial.
La querella también consideró que no existe eximentes para los imputados y como agravantes consideró el hecho de ser todos miembros de organismos del Estado creados para proteger a la ciudadanía, haber cometido los hechos como parte de un plan sistemático contra la población civil utilizando la clandestinidad pero con medios provistos por el Estado.
Pidió que se condene a Gómez Pola por resultar autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos agravados por el hecho de ser las víctimas perseguidos políticos y homicidio doblemente calificado por alevosía con el concurso agravado de dos o más personas en perjuicio de Torreta, Mesa y Romié a prisión perpetua y se revoque el arresto domiciliario, beneficio que goza el militar retirado y que se aloje en una dependencia penal federal.
Pidió que a Bracken se lo condene, por ser autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio doblemente agravado a la pena de prisión perpetua, inhabilitación perpetua. Para Mastandrea (imputado de privación ilegal de la libertad) pidió 25 años de prisión; para Esterlich (privación ilegal de la libertad) solicitó la querella 25 años de prisión; para Chiachietta, por imposición de tormentos y privación ilegal de la libertad, solicitó la querella la pena de 25 años de prisión; en el caso de Miguel Angel Almirón, pidió que se lo condene por privación ilegal de la libertad agravado por violencia y amenazas a la pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta por el término de la condena; para Manzanares a quien se lo considera autor penalmente responsable de privación ilegal de la libertad agravado por haberse producido por violencia y amenaza, a la pena de 25 años de prisión.
Para todos solicitaron que se les de de baja de los beneficios jubilatorios y se eleve el testimonio de la sentencia a los ministerios de Defensa de la Nación y de Seguridad para que se declare la exoneración de los imputados y sean investigados los delitos de tenor sexual que fueron mencionados durante las audiencias.