El traslado de la Terminal también violaría una ordenanza que declara a la ribera del Salado área de protección ambiental
La normativa fue sancionada en 2010 por el Concejo
Deliberante. Podría dar paso a una nueva presentación judicial. El abogado Jerónimo
Torres volvió a pedir que el gobierno local ponga a consideración de la
comunidad todos los informes de impacto y los distintos estudios realizados en
torno a la futura estación de colectivos y el edificio a construir en el
terreno de la avenida San Martín.
Un nuevo capítulo se abre en el polémico tema de la
construcción de la futura terminal y del edificio torre en el predio actual de
la estación de ómnibus en avenida San Martín entre Belgrano y Rivadavia. Un
aspecto que hasta ahora no se había hecho mención, fue el apuntado por el
abogado juninense Jerónimo Torres durante un diálogo mantenido con LA VERDAD
cuando indicó que existe la ordenanza sancionada el año 2010, que lleva el número
5868 y que establece que la ribera del río Salado es de protección ambiental.
Esta ordenanza modifica el uso del suelo. Toda la zona del río,
sistema de lagunas y el sector donde en 2001 fue afectado por las inundaciones “debe
ser utilizado como paisajes naturales y uso de protección ambiental, algo que
no se cumple con este proyecto”, dijo Torres quien reflexionó, entonces, que “no
se cumple con las leyes nacionales, ni con las provinciales ni tampoco con las
ordenanzas dictadas en la gestión Meoni”.
De acuerdo a lo manifestado la construcción de la futura terminal
en el lugar proyectado, se contrapone con el espíritu mismo de la ordenanza indicada.
“Lo que prevé la ordenanza es que el suelo no puede ser
afectado a un uso que implique una transformación en la naturaleza. No se está
respetando nada, no se realizaron las cosas como corresponde, entonces ante
tanta duda, es porqué se sigue a toda costa con este proyecto”, se preguntó.
El abogado anticipó que esto daría motivo a una nueva
presentación judicial. “Estamos evaluando distintas acciones judiciales. Lo que
se está estudiando es si se integra al mismo amparo ambiental iniciado o se
abrirá un nuevo proceso para que la Justicia se expida. Ante la negativa del
gobierno a hacer los informas ambientales necesarios, no queda otra alternativa
que seguir judicializando”, señaló.
Dejó en claro que “nosotros esperamos que este gobierno ponga
a disposición de la comunidad , del Consejo Asesor y de los actores sociales, toda
los informes de impacto ambiental y los distintos estudios realizados. Creemos
que eso sería lo más sano, desde el punto de vista ambiental. Mínimamente deseamos
que se cumpla con las leyes. Si eso no se cumple no nos queda otra que requerirlo
por intermedio de la Justicia y solicitar una suspensión por vía judicial”.
La ordenanza
La ordenanza 5868 fue aprobada el 22 de diciembre de 2010
por el Concejo Deliberante. En la misma se establece como área de protección
ambiental a los territorios ubicados “sobre las riberas del Río Salado y el
Sistema de Lagunas, sus planicies de inundación y áreas anegables, donde existe
riesgo ambiental. Posibilitan la recuperación y aprovechamiento de sus potencialidades
como paisaje natural. Estos ámbitos no podrán ser dedicados a usos que
impliquen transformación de su destino o naturaleza o lesionen el valor específico
de los que se quiere proteger. Sólo se admitirán edificaciones aisladas para
usos de equipamiento e infraestructura imprescindible para el funcionamiento de
las actividades propias del sector”.
“Se diferencian por localización con relación a la planta
urbana y la admisión de usos residenciales. Incluyen el denominado Sector de
Reconversión Ambiental. Admiten la localización de población, el desarrollo de
actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento de carácter estacional”.
Respuesta a Gorer
Jerónimo Torres –en diálogo con LA VERDAD- señaló que “cómo
(el Ejecutivo) se queda sin argumentos, terminan atacando como en este caso,
que es el que más me toca y me molesta, a Pablo Aguiar, una persona con
trayectoria, honestidad y decencia que es atacado diciendo que responde
solamente a defensas sectoriales, cuando en realidad lo que pareciera ser es
que quien defiende intereses sectoriales es el gobierno local que lleva
adelante a capa y espada este proyecto sin apegarse a la ley. A su vez ataca al
resto de los concejales como Pablo Petrecca y el doctor García, diciendo que
terminamos siendo todos funcionales al kirchnerismo”.
“Hay que aclarar –agregó- que lo que se presentó el viernes
fue una iniciativa de Unidad Popular. Llamamos a cada uno de los bloques para
dialogar y ponernos de acuerdo y por suerte, tanto en el sector del Frente
Renovador representado por Marcelo García y con la gente del Frente para la
Victoria, nos sentamos en una mesa para dialogar acerca de la presentación
efectuada el viernes pasado”.
“Lo que pedimos –aclaró Torres- fueron los estudios de
impacto ambiental y los procedimientos de información pública que prevé la ley
de ambiente provincial, la Ley General de Ambiente de la Nación. Si salen con
esta respuesta es porque no tienen nada o al menos los resultados no los
quieren mostrar porque no los deben beneficiar. Nosotros pedimos información y
ahora se nos sale atacando en la personas de Scarpatti, Aguiar y los concejales
que avalaron la nota”.
Torres señaló que “en el caso de que el municipio no sepa cómo
aplicar las normas ambientales podría pedir asesoramiento y yo creo que todos
los bloques, sectores políticos y grupos ambientales de la ciudad se pondrían a
disposición para trabajar, pero lamentablemente jamás se llamó a alguien ni
siquiera a los abogados juninenses que hicieron la presentación ante la Corte o
a los comerciantes céntricos que iniciaron un amparo a quienes patrocino yo
junto al doctor Juan Carlos Tolosa. No es que caprichosamente nos oponemos por
oponernos sino que vemos que en el futuro llevar adelante un proyecto de estas
características, puede traer perjuicios al medio ambiente y a los juninenses”.
“Nunca se hicieron instancias de diálogo ni
siquiera la audiencia pública prevista por ley cuando en realidad el gobierno
local debería estar a disposición de los ciudadanos para cuando haya dudas en
cuestiones como estas por parte de ciudadanos. Tampoco se escuchó al Consejo
Asesor de Planeamiento Urbano y Ambiental. No se escuchó ningún planteo por lo
que deberá ser la Justicia la que resuelva”, señaló Torres a este diario.