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El traslado de la Terminal también violaría una ordenanza que declara a la ribera del Salado área de protección ambiental

La normativa fue sancionada en 2010 por el Concejo Deliberante. Podría dar paso a una nueva presentación judicial. El abogado Jerónimo Torres volvió a pedir que el gobierno local ponga a consideración de la comunidad todos los informes de impacto y los distintos estudios realizados en torno a la futura estación de colectivos y el edificio a construir en el terreno de la avenida San Martín.



Un nuevo capítulo se abre en el polémico tema de la construcción de la futura terminal y del edificio torre en el predio actual de la estación de ómnibus en avenida San Martín entre Belgrano y Rivadavia. Un aspecto que hasta ahora no se había hecho mención, fue el apuntado por el abogado juninense Jerónimo Torres durante un diálogo mantenido con LA VERDAD cuando indicó que existe la ordenanza sancionada el año 2010, que lleva el número 5868 y que establece que la ribera del río Salado es de protección ambiental.
Esta ordenanza modifica el uso del suelo. Toda la zona del río, sistema de lagunas y el sector donde en 2001 fue afectado por las inundaciones “debe ser utilizado como paisajes naturales y uso de protección ambiental, algo que no se cumple con este proyecto”, dijo Torres quien reflexionó, entonces, que “no se cumple con las leyes nacionales, ni con las provinciales ni tampoco con las ordenanzas dictadas en la gestión Meoni”.
De acuerdo a lo manifestado la construcción de la futura terminal en el lugar proyectado, se contrapone con el espíritu mismo de la ordenanza indicada.
“Lo que prevé la ordenanza es que el suelo no puede ser afectado a un uso que implique una transformación en la naturaleza. No se está respetando nada, no se realizaron las cosas como corresponde, entonces ante tanta duda, es porqué se sigue a toda costa con este proyecto”, se preguntó.
El abogado anticipó que esto daría motivo a una nueva presentación judicial. “Estamos evaluando distintas acciones judiciales. Lo que se está estudiando es si se integra al mismo amparo ambiental iniciado o se abrirá un nuevo proceso para que la Justicia se expida. Ante la negativa del gobierno a hacer los informas ambientales necesarios, no queda otra alternativa que seguir judicializando”, señaló.
Dejó en claro que “nosotros esperamos que este gobierno ponga a disposición de la comunidad , del Consejo Asesor y de los actores sociales, toda los informes de impacto ambiental y los distintos estudios realizados. Creemos que eso sería lo más sano, desde el punto de vista ambiental. Mínimamente deseamos que se cumpla con las leyes. Si eso no se cumple no nos queda otra que requerirlo por intermedio de la Justicia y solicitar una suspensión por vía judicial”.

La ordenanza

La ordenanza 5868 fue aprobada el 22 de diciembre de 2010 por el Concejo Deliberante. En la misma se establece como área de protección ambiental a los territorios ubicados “sobre las riberas del Río Salado y el Sistema de Lagunas, sus planicies de inundación y áreas anegables, donde existe riesgo ambiental. Posibilitan la recuperación y aprovechamiento de sus potencialidades como paisaje natural. Estos ámbitos no podrán ser dedicados a usos que impliquen transformación de su destino o naturaleza o lesionen el valor específico de los que se quiere proteger. Sólo se admitirán edificaciones aisladas para usos de equipamiento e infraestructura imprescindible para el funcionamiento de las actividades propias del sector”.
“Se diferencian por localización con relación a la planta urbana y la admisión de usos residenciales. Incluyen el denominado Sector de Reconversión Ambiental. Admiten la localización de población, el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento de carácter estacional”.

Respuesta a Gorer

Jerónimo Torres –en diálogo con LA VERDAD- señaló que “cómo (el Ejecutivo) se queda sin argumentos, terminan atacando como en este caso, que es el que más me toca y me molesta, a Pablo Aguiar, una persona con trayectoria, honestidad y decencia que es atacado diciendo que responde solamente a defensas sectoriales, cuando en realidad lo que pareciera ser es que quien defiende intereses sectoriales es el gobierno local que lleva adelante a capa y espada este proyecto sin apegarse a la ley. A su vez ataca al resto de los concejales como Pablo Petrecca y el doctor García, diciendo que terminamos siendo todos funcionales al kirchnerismo”.
“Hay que aclarar –agregó- que lo que se presentó el viernes fue una iniciativa de Unidad Popular. Llamamos a cada uno de los bloques para dialogar y ponernos de acuerdo y por suerte, tanto en el sector del Frente Renovador representado por Marcelo García y con la gente del Frente para la Victoria, nos sentamos en una mesa para dialogar acerca de la presentación efectuada el viernes pasado”.
“Lo que pedimos –aclaró Torres- fueron los estudios de impacto ambiental y los procedimientos de información pública que prevé la ley de ambiente provincial, la Ley General de Ambiente de la Nación. Si salen con esta respuesta es porque no tienen nada o al menos los resultados no los quieren mostrar porque no los deben beneficiar. Nosotros pedimos información y ahora se nos sale atacando en la personas de Scarpatti, Aguiar y los concejales que avalaron la nota”.
Torres señaló que “en el caso de que el municipio no sepa cómo aplicar las normas ambientales podría pedir asesoramiento y yo creo que todos los bloques, sectores políticos y grupos ambientales de la ciudad se pondrían a disposición para trabajar, pero lamentablemente jamás se llamó a alguien ni siquiera a los abogados juninenses que hicieron la presentación ante la Corte o a los comerciantes céntricos que iniciaron un amparo a quienes patrocino yo junto al doctor Juan Carlos Tolosa. No es que caprichosamente nos oponemos por oponernos sino que vemos que en el futuro llevar adelante un proyecto de estas características, puede traer perjuicios al medio ambiente y a los juninenses”.
“Nunca se hicieron instancias de diálogo ni siquiera la audiencia pública prevista por ley cuando en realidad el gobierno local debería estar a disposición de los ciudadanos para cuando haya dudas en cuestiones como estas por parte de ciudadanos. Tampoco se escuchó al Consejo Asesor de Planeamiento Urbano y Ambiental. No se escuchó ningún planteo por lo que deberá ser la Justicia la que resuelva”, señaló Torres a este diario.

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