Por Román De Antoni
Abogado juninense pasante en la OEA
Diversas organizaciones civiles expusieron denuncias de violaciones de DDHH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA tras los hechos de violencia ocurridos durante las últimas manifestaciones. También se expuso sobre la situación de los medios de prensa y Leopoldo López.
Washington DC, Estados Unidos. 28-3-2014- En el marco del cierre del 150 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el salón Rubén Darío de la Organización de Estados Americanos (OEA), se llevaron a cabo 4 importantes audiencias sobre la situación actual de derechos humanos en Venezuela, en donde diversas organizaciones no gubernamentales formularon múltiples denuncias de DDHH en presencia de funcionarios del Estado Bolivariano.
En primer término, los representantes de las organizaciones civiles manifestaron su preocupación con respecto a la situación de los hechos acontecidos durante las pasadas manifestaciones públicas desarrolladas durante los meses febrero y marzo, alegando la existencia de graves violaciones al sistema interamericano de derechos humanos por parte del estado de Venezuela. En ese contexto, denunciaron la existencia de un uso desmedido de la fuerza por parte las fuerzas de seguridad que habría finalizado con la muerte de 37 personas, 461 lesionados, 17 funcionarios detenidos y más de 1720 detenidos, de los cuales el 80% serían estudiantes. A su vez, destacaron que dichas detenciones se habrían efectivizado a través de procesos plagados de irregularidades, cuyas víctimas habrían sido víctimas de múltiples torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Por su parte, el funcionario de la República Bolivariana y titular de la Agencia de Estado para Derechos Humanos, Germán Saltrón, argumentó que “El Gobierno actual de Venezuela se ha impuesto en más de 18 elecciones democráticas y transparentes, y aun así, la oposición no lo ha podido vencer. En las pasadas manifestaciones, la oposición implementó como medio “la violencia” con el objeto de crear una guerra civil entre los venezolanos a los fines de solicitar la intervención extranjera de militares de la OTAN, para de esa forma terminar con la revolución bolivariana y entregarle la mayor reserva de hidrocarburos del mundo a los Estados Unidos”. El alto funcionario continuó relatando que “Estos manifestantes, quienes dicen ser pacíficos, con el mando de Leopoldo López han destrozado el Ministerio Público de la Defensa, colocaron francotiradores en edificios para asesinar civiles y militares, quemaron los vehículos de transporte público, de alimentación y provocaron incendios en 15 universidades, algo nunca visto en la historia, solo los nazis quemaban las universidades. Violan el derecho al trabajo, a la salud, a la alimentación y a la educación”.
Asimismo, Saltrón aseguró que “sólo un 20 % de los manifestantes son estudiantes, y tampoco representan la mayoría del país, sino una muestra parcial de los habitantes de 16 de los 335 municipios de Venezuela”.
La situación actual de Leopoldo López y el derecho a la libertad de expresión
En la segunda audiencia de la jornada, se abocaron temas relativos a la situación de las personas privadas de la libertad en donde se hizo mención a la situación actual de Leopoldo López, principal referente opositor de las protestas, quien se encuentra detenido desde el pasado 18 de febrero en el Centro de Procesados Militares Ramo Verde. Al respecto, las organizaciones denunciaron que López se encontraría en un estado de "aislamiento total", pero los representantes gubernamentales, a pesar del pedido de informe de uno de los comisionados, no se pronunciaron al respecto.
Finalmente, cerrando el marco de la jornada se trataron temas relativos a la situación de libertad de expresión en el estado bolivariano. En dicha audiencia, cinco organizaciones y el sindicato de prensa Venezolano denunciaron la existencia de “un vacío informativo” por parte del estado “Chavista”. El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa aseguró que durante las últimas protestas ha habido agresiones a 116 periodistas, 23 comunicadores habrían sido "detenidos" y 28 "robados" mientras cubrían las protestas. Seguidamente relataron que “500 páginas de internet han sido bloqueadas sin ningún tipo de procedimiento, estas páginas tiene que ver con información sobre las protestas. A ello, hay que agregar que se bloqueó un puerto de difusión de imágenes de Twitter que permitía la visión de imágenes de sobre los hechos acontecidos. Esto es grave, porque la gente siente que no hay información por canales regulares y utiliza redes sociales para informarse”.
Por otro lado, Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS), se refirió al "problema de la escasez de papel de periódico" argumentando que dicho problema ocasionó el cierre de múltiples medios de prensa escrita.
A su turno, la relatora especial de Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, preguntó al Estado "por qué se sacó del aire NTN24 y por qué se ordenó una investigación contra CNN en español", y "si es cierto que el Gobierno de Venezuela bloquea o filtra páginas web". Seguidamente exclamó "Una persona que está en Venezuela y prende la televisión, ¿sabe lo que está pasando en las marchas?".
En respuesta, el representante del estado Luis BRITTO, eludió responder a algunas de las preguntas formuladas afirmando que "los peticionarios no tienen derecho estar en acá -en la CIDH-, porque para ello tendrían que haber agotado previamente las instancias ordinarias del estado y no lo hicieron. Ustedes están en desacato a las normas reglamentarias de la OEA”. Seguidamente mostró a los comisionados un abanico de periódicos de Venezuela señalando que "no hay la menor inhibición a la libertad de expresión; los invito a leer estos medios, tratan palmariamente al Gobierno de dictadura, dicen que hay una guerra civil en Venezuela".
La actuación de la Comisión
Con respecto a la decisión que tomará el organismo internacional en respuesta a estas situaciones, cabe destacar que las audiencias mencionadas fueron de carácter “temáticas”, es decir, realizadas al solo efecto que la Comisión tome conocimiento sobre un tema de su interés, tal como lo establece su reglamento. Luego de las mismas, la CIDH tiene la facultad de formular investigaciones que podrán concluir en la redacción de informes públicos pero en ningún momento podrá tomar una decisión de carácter vinculante, ya que por un lado, no tiene competencia para dictarlas, y por otro, las mismas no fueron realizadas en el marco del sistema de peticiones que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumento que -dicho sea de paso- no resulta aplicable a Venezuela para los casos ocurridos con posterioridad al 10 de septiembre del 2013, debido a la histórica decisión del gobierno de Nicolás Maduro a renunciar a la Convención.
Abogado juninense pasante en la OEA
Diversas organizaciones civiles expusieron denuncias de violaciones de DDHH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA tras los hechos de violencia ocurridos durante las últimas manifestaciones. También se expuso sobre la situación de los medios de prensa y Leopoldo López.
Washington DC, Estados Unidos. 28-3-2014- En el marco del cierre del 150 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el salón Rubén Darío de la Organización de Estados Americanos (OEA), se llevaron a cabo 4 importantes audiencias sobre la situación actual de derechos humanos en Venezuela, en donde diversas organizaciones no gubernamentales formularon múltiples denuncias de DDHH en presencia de funcionarios del Estado Bolivariano.
En primer término, los representantes de las organizaciones civiles manifestaron su preocupación con respecto a la situación de los hechos acontecidos durante las pasadas manifestaciones públicas desarrolladas durante los meses febrero y marzo, alegando la existencia de graves violaciones al sistema interamericano de derechos humanos por parte del estado de Venezuela. En ese contexto, denunciaron la existencia de un uso desmedido de la fuerza por parte las fuerzas de seguridad que habría finalizado con la muerte de 37 personas, 461 lesionados, 17 funcionarios detenidos y más de 1720 detenidos, de los cuales el 80% serían estudiantes. A su vez, destacaron que dichas detenciones se habrían efectivizado a través de procesos plagados de irregularidades, cuyas víctimas habrían sido víctimas de múltiples torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Por su parte, el funcionario de la República Bolivariana y titular de la Agencia de Estado para Derechos Humanos, Germán Saltrón, argumentó que “El Gobierno actual de Venezuela se ha impuesto en más de 18 elecciones democráticas y transparentes, y aun así, la oposición no lo ha podido vencer. En las pasadas manifestaciones, la oposición implementó como medio “la violencia” con el objeto de crear una guerra civil entre los venezolanos a los fines de solicitar la intervención extranjera de militares de la OTAN, para de esa forma terminar con la revolución bolivariana y entregarle la mayor reserva de hidrocarburos del mundo a los Estados Unidos”. El alto funcionario continuó relatando que “Estos manifestantes, quienes dicen ser pacíficos, con el mando de Leopoldo López han destrozado el Ministerio Público de la Defensa, colocaron francotiradores en edificios para asesinar civiles y militares, quemaron los vehículos de transporte público, de alimentación y provocaron incendios en 15 universidades, algo nunca visto en la historia, solo los nazis quemaban las universidades. Violan el derecho al trabajo, a la salud, a la alimentación y a la educación”.
Asimismo, Saltrón aseguró que “sólo un 20 % de los manifestantes son estudiantes, y tampoco representan la mayoría del país, sino una muestra parcial de los habitantes de 16 de los 335 municipios de Venezuela”.
La situación actual de Leopoldo López y el derecho a la libertad de expresión
En la segunda audiencia de la jornada, se abocaron temas relativos a la situación de las personas privadas de la libertad en donde se hizo mención a la situación actual de Leopoldo López, principal referente opositor de las protestas, quien se encuentra detenido desde el pasado 18 de febrero en el Centro de Procesados Militares Ramo Verde. Al respecto, las organizaciones denunciaron que López se encontraría en un estado de "aislamiento total", pero los representantes gubernamentales, a pesar del pedido de informe de uno de los comisionados, no se pronunciaron al respecto.
Finalmente, cerrando el marco de la jornada se trataron temas relativos a la situación de libertad de expresión en el estado bolivariano. En dicha audiencia, cinco organizaciones y el sindicato de prensa Venezolano denunciaron la existencia de “un vacío informativo” por parte del estado “Chavista”. El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa aseguró que durante las últimas protestas ha habido agresiones a 116 periodistas, 23 comunicadores habrían sido "detenidos" y 28 "robados" mientras cubrían las protestas. Seguidamente relataron que “500 páginas de internet han sido bloqueadas sin ningún tipo de procedimiento, estas páginas tiene que ver con información sobre las protestas. A ello, hay que agregar que se bloqueó un puerto de difusión de imágenes de Twitter que permitía la visión de imágenes de sobre los hechos acontecidos. Esto es grave, porque la gente siente que no hay información por canales regulares y utiliza redes sociales para informarse”.
Por otro lado, Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS), se refirió al "problema de la escasez de papel de periódico" argumentando que dicho problema ocasionó el cierre de múltiples medios de prensa escrita.
A su turno, la relatora especial de Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, preguntó al Estado "por qué se sacó del aire NTN24 y por qué se ordenó una investigación contra CNN en español", y "si es cierto que el Gobierno de Venezuela bloquea o filtra páginas web". Seguidamente exclamó "Una persona que está en Venezuela y prende la televisión, ¿sabe lo que está pasando en las marchas?".
En respuesta, el representante del estado Luis BRITTO, eludió responder a algunas de las preguntas formuladas afirmando que "los peticionarios no tienen derecho estar en acá -en la CIDH-, porque para ello tendrían que haber agotado previamente las instancias ordinarias del estado y no lo hicieron. Ustedes están en desacato a las normas reglamentarias de la OEA”. Seguidamente mostró a los comisionados un abanico de periódicos de Venezuela señalando que "no hay la menor inhibición a la libertad de expresión; los invito a leer estos medios, tratan palmariamente al Gobierno de dictadura, dicen que hay una guerra civil en Venezuela".
La actuación de la Comisión
Con respecto a la decisión que tomará el organismo internacional en respuesta a estas situaciones, cabe destacar que las audiencias mencionadas fueron de carácter “temáticas”, es decir, realizadas al solo efecto que la Comisión tome conocimiento sobre un tema de su interés, tal como lo establece su reglamento. Luego de las mismas, la CIDH tiene la facultad de formular investigaciones que podrán concluir en la redacción de informes públicos pero en ningún momento podrá tomar una decisión de carácter vinculante, ya que por un lado, no tiene competencia para dictarlas, y por otro, las mismas no fueron realizadas en el marco del sistema de peticiones que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumento que -dicho sea de paso- no resulta aplicable a Venezuela para los casos ocurridos con posterioridad al 10 de septiembre del 2013, debido a la histórica decisión del gobierno de Nicolás Maduro a renunciar a la Convención.