La resolución de la cartera que conduce Alejandro Granados fue divulgada hoy. La normativa dispone que la creación de las policías locales queda a discreción de los partidos que tengan más de 70 mil habitantes, aunque el artículo 3º establece que "excepcionalmente podrán contemplarse situaciones de municipios que no superen la mencionada cantidad de habitantes y que soliciten su incorporación".
Aunque la decisión está en manos de los intendentes, que deberán suscribir un convenio con el gobierno provincial, el acuerdo deberá ser "ratificado por ordenanza municipal", por lo que necesitará la aprobación de los concejos deliberantes.
Este punto es clave, puesto que dicha ordenanza "contendrá todas las disposiciones que resulten necesarias a los efectos de la puesta en funcionamiento y conformación" de las policías municipales, por lo que los legisladores locales tendrán incidencia en cuestiones operativas.
Aunque los jefes de las policías comunales serán designados por el Ministerio de Seguridad, la resolución exige que lo haga "en acuerdo con el Intendente", quien además deberá presentar un programa de trabajo que incluirá "las políticas preventivas y las acciones estratégicas propuestas para su municipio".
En cuanto al financiamiento, uno de los temas más discutidos entre el sciolismo y el massismo, la resolución se limita a disponer que "serán equipadas, conformadas y financiadas por el presupuesto de la provincia de Buenos Aires". Sin embargo, la norma no descarta que los municipios hagan aportes.
En el artículo 7º, la resolución define como "misión esencial" de la flamante fuerza "la prevención de delitos y contravenciones, actuando con características de policía de proximidad".
En concreto, la policía municipal deberá "realizar actividades de observación, patrullaje y vigilancia", "efectuar la prevención primaria, con un conocimiento cabal del sector barrial sobre el cual trabaja", "establecer una relación estrecha con la comunidad en la labor preventiva, e "implementar mecanismos de disuasión" y "hacer cesar" la comisión de delitos y contravenciones.
Otra de las funciones será "intervenir en los conflictos relacionados con la violencia de género". Para ello, la resolución dispone que "serán dotadas con un sistema de comunicaciones diferenciado, vehículos identificables, participación de personal femenino, y los recursos materiales necesarios para un efectivo tratamiento de dicha problemática".
El personal policial deberá realizar un curso orientado a "la prevención y proximidad en la actuación" que se dictará de manera descentralizada en las comunas por un instituto que el Ministerio de Seguridad deberá crear. La resolución dispone que tendrá una duración mínima de 12 meses, "incluyendo un período de práctica profesional en los puestos operativos de trabajo, pudiendo reducirse bajo circunstancias especiales a un plazo no menor a seis (6) meses". Se dará prioridad a los habitantes del municipio.
Entre sus disposiciones complementarias, la norma establece que los patrulleros estarán identificados "con el emblema institucional, conteniendo el nombre del municipio al que pertenecen, teléfono de contacto directo para tareas preventivas y el número 911 para urgencias".
Cada unidad policial contará con un "coordinador operativo", que será designado por el Ministerio de Seguridad "a propuesta del intendente". Será el encargado de supervisar y controlar el destino de los recursos provinciales.
Además, dicho coordinador integrará junto al intendente y el jefe policial una "mesa de coordinación", que estará a cargo del "diseño y la ejecución de las políticas y/o estrategias de seguridad local" y deberá confeccionar un "mapa del delito".
La resolución también crea la Superintendencia de Seguridad Local, que deberá "coordinar y supervisar" a las policías municipales y que funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Planificación del Ministerio de Seguridad. También funcionará como un vínculo con las otras fuerzas.
(Fuente: Infobae.com)