En un duro comunicado, la Mesa Agropecuaria Provincial -que integran Carbap, FAA, Sociedad Rural y Coninagro- renovó la polémica con la administración de Daniel Scioli, a la que ya había cuestionado la semana pasada luego de que la Agencia de Recaudación bonaerense (Arba) informara que el vencimiento de las tres cuotas anuales del Inmobiliario Rural se adelantarán a febrero, mayo y junio (hasta 2014 vencían en marzo, julio y noviembre).
“Nuevamente desde Gobierno provincial no se cumple con la palabra empeñada, y más aún modifican calendarios sin previo aviso, haciendo impracticable el cumplimiento en tiempo y forma de los plazos de pagos e impidiendo a muchos productores acogerse a los beneficios previstos por la provincia como buen contribuyente”, cuestionó la Mesa Agropecuaria.
Al mismo tiempo, se indicó que la modificación del cronograma “impide afrontar inversiones productivas tal como estaba previsto e inclusive contra el pago en el primer semestre, desconociendo que gran parte del territorio bonaerense –caso sudeste y sudoeste- tiene ingresos por tipo de producción focalizados en el segundo semestre del año”.
Tras cuestionar la “discrecionalidad en el manejo de la cosa pública de la gestión del gobernador Daniel Scioli”, las entidades reclamaron que la Provincia “deje sin efecto esta medida autoritaria” y deslizaron sus “suspicacias políticas frente a la urgencia recaudatoria” ya que la última cuota del nuevo cronograma vence ahora julio, tres meses antes de las elecciones.
La polémica había estallado a fines de la semana pasada con las críticas del agro a la medida. El titular de Arba, Iván Budassi, había rechazado en diálogo con DIB los cuestionamientos del sector y, si bien no descartó “revisar” la medida, afirmó que la decisión “responde a un requerimiento de los productores”, y que ese impuesto representa “sólo el 3 por ciento del total de la carga tributaria del sector”.
En esa línea, descartó que la decisión de adelantar el esquema de pagos y vencimientos esté relacionada a la necesidad de “recaudar antes de las elecciones”, como lo dieron a entender dirigentes rurales y miembros de la oposición. “Se decidió reestructurar el diseño de pagos para que en meses pares se pague el Inmobiliario Urbano y, en impares, la patente”, justificó el funcionario.