El circuito represivo montado en Junín tuvo una gran magnitud", dijo el fiscal en el juicio a ex represores locales
También hizo referencia al rol que tuvieron los medios de comunicación locales que "resultaron funcionales a la implantación del terrorismo de Estado". Hizo referencia a la actuación de "grupos de ultraderecha" en la comunidad juninense mucho antes del 24 de marzo de 1976. Radiografía del aparato represivo en Junìn.
Al mediodía de este viernes 13 de febrero se reanudó el juicio oral que se viene siguiendo en nuestra ciudad a siete ex represores de la dictadura militar de 1976-1983, sobre tormentos ocurridos en nuestra ciudad contra varios juninenses -entre ellos el sacerdote marianista Julio Santamaría-. La audiencia se desarrolla en el Salón de la Democracia del rectorado de la Universidad Nacional del Noroeste (UNNOBA) en Junìn, que se amplió durante el debate ya que el caso se extendió a los homicidios de Hugo Torreta, Adrián Romié y Gilberto "Beto" Mesa, en la calidad de "perseguidos polìticos".
Los imputados son el ex militar Ángel Gómez Pola, y los ex policías Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Esterlich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio Chiacchietta acusados de privación ilegitima de la libertad y apremios ilegales, cometidos contra 31 personas durante marzo del 76 y finales de 1977. Todos ellos siguieron el desarrollo de la audiencia de hoy a través del sistema de videoconferencia ya que estaban ubicados en el penal federal de Ezeiza donde se encuentran detenidos.
El fiscal comenzó diciendo que lo actuado en Junín se circunscribe en el contexto de la dictadura y un "aceitado mecanismo de represión clandestino, violentando las más elementales normas de derecho de gentes y del derecho constitucional argentino. El poder "desaparecedor" homogeneizó un conjunto variado de personas a las que persiguió: obreros, trabajadores, pequeños empresarios, artistas, sus hijos, montando centros clandestinos de detención, el secuestro y en algunos casos la muerte, a través de los "vuelos de la muerte" o plantar "falsos enfrentamientos" para disimular ejecuciones sumarias", expresó el fiscal Hernán Shapiro quien calificó de "valientes" los testimonios aportados por las víctimas sobrevivientes, además de otros documentos.
Shapiro expresó que "las fuerzas armadas, junto a las de seguridad, fueron las encargadas de velar por enfrentar al supuesto "enemigo extranjero infiltrado" y con relación al circuito montado en Junín el mismo "cobró una gran magnitud teniendo en cuenta el carácter relativamente pequeño de la comunidad. Hemos podido escuchar muchos testigos que hablaron de la ausencia de toda oposición y hasta una resignada aceptación de los hechos. Sobre Junín se cirnio un poder militar omnìvoro con la policía y el Poder Judicial regidos por ese poder y organizaciones intermedias que cuánto menos fueron indiferentes", señaló el funcionario judicial en su alegato.
El fiscal también habló del rol que tuvieron los medios locales que "en ese momento resultaron funcionales a la implantación del terrorismo de Estado en esta zona" a lavez que quedó demostrado el accionar de sectores de ultraderecha que comenzaron a actuar mucho antes del inicio de la dictadura e hizo saber que la fiscalía solicitó la remisión de las testimoniales para trabajar al respecto.
Durante su alegato, el fiscal dijo que las víctimas fueron "condicionadas" en su forma de actuar desde el momento de su liberación. "Muchas de las personas secuestradas lo fueorn en fechas cercanas ya que tenían en común algún tipo de militancia política, cultural o gremial que resultaron como patrones de los secuestros que muestran a las claras el modo simple y sencillo con que operó el sistema represivo en esta zona".
RADIOGRAFIA DEL HORROR EN JUNIN
Junín estaba bajo la jurisdicción de la Zona I del Primer Cuerpo de Ejército. Las comisarías de Vedia, Rojas y Chacabuco también operaron como centros clandestinos de detención en la zona, además de la cárcel en construcción en Junín y las dependencias policiales de nuestra ciudad. Todas operaban bajo el mando del coronel Félix Clamblor y a su vez el jefe del Grupo de Artillerìa 101 teniente coronel Angel José Gómez Pola como subjefe al estar al frente del subárea 131 con cabecera en Junín.
En la Unidad Regional VIII funcionó una delegación de la dirección de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires. "Las actividades de inteligencia tuvieron un rol central para obtener, bajo tormentos, datos de las personas", expresó el fiscal.
"Existe una vinculación clara entre los distintos hechos involucrados, todos relacionados. Los hechos aquí juzgados han ocurrido en el marco de un circuito represivo con todo lo que ello significó para las víctimas" se indicó desde la fiscalía agregando que todo se hacía con el fin de amedrentar a quienes se opinían a la dictadura.
Se indicó en la audiencia que la Comisaría Primera de Junín fue uno de los principales centros de detención, al igual que la Cárcel en Construcción (hoy UP 13) y el Puesto de Vigilancia de Morse, a 25 kilómetros de nuestra ciudad y también se mencionó como un eslabón más a la Unidad Regional VIII de Policía. "Este plan se llevó a cabo en forma coordinada entre la Policía y el Ejército", se indicó desde la fiscalía basándose en el testimonio de varios testigos los que también dieron lugar a concluir que "los policías tenían un gran poder sobre sus víctimas".
"La suerte de muchas de las víctimas se dirimía en el despacho del propio comisario", se agregó. Además se mencionó que para demostrar el poder que se tenía sobre la población de parte de la policía se practicaba una presión sistemática a los familiares de los detenidos. "Hemos tenido probado que las detenciones fueron colectivas. Las primeras detenciones fueorn antes del golpe, el 18 de marzo de 1976, a modo de "preparación" de lo que estaba por venir cuando varios dirigentes sindicales fueron conducidos a la Comisaría Primera", indicó la fiscalía.
"A lo largo del debate también surgió que los interrogatorios estaban orientados a conocer las actividades sociales, culturales, políticas tanto de los detenidos, como sus amigos", se agregó.
Los centros represivos:
Comisaría Primera: en Gandini al 165 esquina Quintana. Fue uno de los eslabones de alojamiento de detenidos ilegales, conducidos sin ningún tipo de garantías ni orden judicial. Estaba sumidos a condiciones indignas e inhumanas, como también está absolutamente probado el rol de la dependencia poniendo su personal al servicio del plan ilegal. La mayoría fueron trasladados a la cárcel en construcción puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Fue un lugar de recepción de otros detenidos que llegaban de distintas dependencias con claros signos de haber padecido torturas. Desde 24 de marzo de 1976 al mes de febrero de 1977 habría funcionado la Primera como centro clandestino de detención.
Cárcel en Construcción (hoy UP 13): ruta nacional 188 kilómetro 162. Los alojamientos fueron realizados en un momento en que este lugar no funcionaba oficialmente. Estaba desprovisto de cualquier fachada de legalidad, sino absolutamente clandestino. El 14 de noviembre de 1976 con el cautiverio de Alberto Cava figura como primer registro de funcionamiento como tal centro clandestino de detención.
Destacamento Policial de Morse: Allí estuvieron detenidos José Alberto Luna y Susana Bogey. Un parte de la delegación de inteligencia indica que Luna logra hacerse de un revolver y una escopeta hiriendo a Manzanares -quien lo interrogaba junto a los ex policias Esterlich y Almirón-, fugándose posteriormente. Desde fiscalía se menciona una una crónica del diario La Verdad de la época que detalla un "enfrentamiento" armado en Morse. "El destacamento cumplió una función imprescindible en el mecanismo represor", se expresó.
Unidad regional VIII: Quintana y Gandini. Fue un espacio de recepción de detenidos ilegales, como paso previo a la Comisaría Primera.
Al mediodía de este viernes 13 de febrero se reanudó el juicio oral que se viene siguiendo en nuestra ciudad a siete ex represores de la dictadura militar de 1976-1983, sobre tormentos ocurridos en nuestra ciudad contra varios juninenses -entre ellos el sacerdote marianista Julio Santamaría-. La audiencia se desarrolla en el Salón de la Democracia del rectorado de la Universidad Nacional del Noroeste (UNNOBA) en Junìn, que se amplió durante el debate ya que el caso se extendió a los homicidios de Hugo Torreta, Adrián Romié y Gilberto "Beto" Mesa, en la calidad de "perseguidos polìticos".
Los imputados son el ex militar Ángel Gómez Pola, y los ex policías Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Esterlich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio Chiacchietta acusados de privación ilegitima de la libertad y apremios ilegales, cometidos contra 31 personas durante marzo del 76 y finales de 1977. Todos ellos siguieron el desarrollo de la audiencia de hoy a través del sistema de videoconferencia ya que estaban ubicados en el penal federal de Ezeiza donde se encuentran detenidos.
El fiscal comenzó diciendo que lo actuado en Junín se circunscribe en el contexto de la dictadura y un "aceitado mecanismo de represión clandestino, violentando las más elementales normas de derecho de gentes y del derecho constitucional argentino. El poder "desaparecedor" homogeneizó un conjunto variado de personas a las que persiguió: obreros, trabajadores, pequeños empresarios, artistas, sus hijos, montando centros clandestinos de detención, el secuestro y en algunos casos la muerte, a través de los "vuelos de la muerte" o plantar "falsos enfrentamientos" para disimular ejecuciones sumarias", expresó el fiscal Hernán Shapiro quien calificó de "valientes" los testimonios aportados por las víctimas sobrevivientes, además de otros documentos.
Shapiro expresó que "las fuerzas armadas, junto a las de seguridad, fueron las encargadas de velar por enfrentar al supuesto "enemigo extranjero infiltrado" y con relación al circuito montado en Junín el mismo "cobró una gran magnitud teniendo en cuenta el carácter relativamente pequeño de la comunidad. Hemos podido escuchar muchos testigos que hablaron de la ausencia de toda oposición y hasta una resignada aceptación de los hechos. Sobre Junín se cirnio un poder militar omnìvoro con la policía y el Poder Judicial regidos por ese poder y organizaciones intermedias que cuánto menos fueron indiferentes", señaló el funcionario judicial en su alegato.
El fiscal también habló del rol que tuvieron los medios locales que "en ese momento resultaron funcionales a la implantación del terrorismo de Estado en esta zona" a lavez que quedó demostrado el accionar de sectores de ultraderecha que comenzaron a actuar mucho antes del inicio de la dictadura e hizo saber que la fiscalía solicitó la remisión de las testimoniales para trabajar al respecto.
Durante su alegato, el fiscal dijo que las víctimas fueron "condicionadas" en su forma de actuar desde el momento de su liberación. "Muchas de las personas secuestradas lo fueorn en fechas cercanas ya que tenían en común algún tipo de militancia política, cultural o gremial que resultaron como patrones de los secuestros que muestran a las claras el modo simple y sencillo con que operó el sistema represivo en esta zona".
RADIOGRAFIA DEL HORROR EN JUNIN
Junín estaba bajo la jurisdicción de la Zona I del Primer Cuerpo de Ejército. Las comisarías de Vedia, Rojas y Chacabuco también operaron como centros clandestinos de detención en la zona, además de la cárcel en construcción en Junín y las dependencias policiales de nuestra ciudad. Todas operaban bajo el mando del coronel Félix Clamblor y a su vez el jefe del Grupo de Artillerìa 101 teniente coronel Angel José Gómez Pola como subjefe al estar al frente del subárea 131 con cabecera en Junín.
En la Unidad Regional VIII funcionó una delegación de la dirección de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires. "Las actividades de inteligencia tuvieron un rol central para obtener, bajo tormentos, datos de las personas", expresó el fiscal.
"Existe una vinculación clara entre los distintos hechos involucrados, todos relacionados. Los hechos aquí juzgados han ocurrido en el marco de un circuito represivo con todo lo que ello significó para las víctimas" se indicó desde la fiscalía agregando que todo se hacía con el fin de amedrentar a quienes se opinían a la dictadura.
Se indicó en la audiencia que la Comisaría Primera de Junín fue uno de los principales centros de detención, al igual que la Cárcel en Construcción (hoy UP 13) y el Puesto de Vigilancia de Morse, a 25 kilómetros de nuestra ciudad y también se mencionó como un eslabón más a la Unidad Regional VIII de Policía. "Este plan se llevó a cabo en forma coordinada entre la Policía y el Ejército", se indicó desde la fiscalía basándose en el testimonio de varios testigos los que también dieron lugar a concluir que "los policías tenían un gran poder sobre sus víctimas".
"La suerte de muchas de las víctimas se dirimía en el despacho del propio comisario", se agregó. Además se mencionó que para demostrar el poder que se tenía sobre la población de parte de la policía se practicaba una presión sistemática a los familiares de los detenidos. "Hemos tenido probado que las detenciones fueron colectivas. Las primeras detenciones fueorn antes del golpe, el 18 de marzo de 1976, a modo de "preparación" de lo que estaba por venir cuando varios dirigentes sindicales fueron conducidos a la Comisaría Primera", indicó la fiscalía.
"A lo largo del debate también surgió que los interrogatorios estaban orientados a conocer las actividades sociales, culturales, políticas tanto de los detenidos, como sus amigos", se agregó.
Los centros represivos:
Comisaría Primera: en Gandini al 165 esquina Quintana. Fue uno de los eslabones de alojamiento de detenidos ilegales, conducidos sin ningún tipo de garantías ni orden judicial. Estaba sumidos a condiciones indignas e inhumanas, como también está absolutamente probado el rol de la dependencia poniendo su personal al servicio del plan ilegal. La mayoría fueron trasladados a la cárcel en construcción puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Fue un lugar de recepción de otros detenidos que llegaban de distintas dependencias con claros signos de haber padecido torturas. Desde 24 de marzo de 1976 al mes de febrero de 1977 habría funcionado la Primera como centro clandestino de detención.
Cárcel en Construcción (hoy UP 13): ruta nacional 188 kilómetro 162. Los alojamientos fueron realizados en un momento en que este lugar no funcionaba oficialmente. Estaba desprovisto de cualquier fachada de legalidad, sino absolutamente clandestino. El 14 de noviembre de 1976 con el cautiverio de Alberto Cava figura como primer registro de funcionamiento como tal centro clandestino de detención.
Destacamento Policial de Morse: Allí estuvieron detenidos José Alberto Luna y Susana Bogey. Un parte de la delegación de inteligencia indica que Luna logra hacerse de un revolver y una escopeta hiriendo a Manzanares -quien lo interrogaba junto a los ex policias Esterlich y Almirón-, fugándose posteriormente. Desde fiscalía se menciona una una crónica del diario La Verdad de la época que detalla un "enfrentamiento" armado en Morse. "El destacamento cumplió una función imprescindible en el mecanismo represor", se expresó.
Unidad regional VIII: Quintana y Gandini. Fue un espacio de recepción de detenidos ilegales, como paso previo a la Comisaría Primera.