“Los papeles no reflejan de ningún modo lo que fue la represión en Junín”, expresó el fiscal ante el cerrado aplauso de todos los presentes. El debate permitió conocer el circuito represivo en el distrito.
En el salón de la Democracia del Rectorado de la UNNOBA, en el barrio Evita, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, integrado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y César Álvarez, presidió la novena jornada del juicio a ex represores juninenses de la última dictadura militar en nuestro país.
En este juicio están acusados los ex policías Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio, y el ex militar Ángel José Gómez Pola. Se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Comisaría Primera de Junín, en la Unidad Penitenciaria Número 22, por entonces en construcción, y el destacamento de Puesto Morse. Las víctimas son Romié, Mesa y Hugo Torreta: figuran en el expediente de esta causa como detenidos desaparecidos.
Por esos tres casos, de los que fueron saliendo a la luz detalles desconocidos hasta ahora durante el juicio, es que las querellas y el fiscal pidieron ampliar la acusación.
El fiscal Hernán Shapiro pidió que los hechos de Romié, Mesa y Torreta sean considerados Homicidios Calificados con Alevosía y destacó en su alocución que “promediando el debate conocemos mucho más de lo que sabíamos” destacando la declaración de testigos, la recorrida por los lugares de detención durante los oscuros años de la dictadura y el haber conocido la ciudad. “Los papeles no reflejan de ningún modo lo que fue la represión en Junín”, expresó el fiscal ante el cerrado aplauso de todos los presentes.
Agregó que “este mayor conocimiento viene a completar la información parcial. El debate permitió conocer el circuito represivo en Junín, el rol de la Comisaría Primera, los tormentos físicos y psíquicos padecidos por las víctimas y enfatizó que las condiciones en que se vieron sometidas esas personas constituyeron “verdaderos tormentos”.
Remarcó que para la Fiscalía existen circunstancias agravantes. “Hay una intensificación de la lesión de los bienes jurídicos de las víctimas”, indicó el funcionario judicial a la vez que acotó: “A más de 35 años el secuestro y posterior privación ilegal de la libertad han sido antesala de la desaparición puntual de algunas víctimas”, en alusión a la situación corrida por los juninenses Torreta, Romié y Mesa.
INSULTOS
En un momento del desarrollo de la audiencia del martes, el fiscal pidió que una mujer ubicada en el público sea retirada ya que lo estaba insultando.
Una vez visualizada por los magistrados, la mujer se vio descubierta y se retiró por sus propios medios pero uno de los jueces pidió que la Policía le tome los datos filiatorios.
JUNIN EN EL CONTEXTO DE UN PLAN SISTEMATICO REPRESIVO
“Lo sucedido en Junín –dijeron desde la Fiscalía de juicio- se circunscribe en el contexto de un plan púnico e integral de detener a las personas, interrogarlas, como mensaje de terror a la población para finalmente liberarlas o asesinarlas, según se decidiera en el momento”.
Se agregó que “hemos escuchado varios testimonios de personas secuestradas y conducidas a lugares de tortura, mantenidos en la clandestinidad. Se dan todas las circunstancias propias del circuito represivo” a la vez que quedó en claro que este plan se llevó a cabo por la coordinación de fuerzas policiales y de Ejército.
También se evidenció el poder de muchos funcionarios policiales que ejercieron “una especie de “señorío” en las víctimas y marca un nivel de impunidad a merced de las personas sin el más mínimo sentido de humanidad en una sociedad indiferente y con miedo”.
Se insistió en el “dominio de hecho que tenían los policías de la Comisaría Primera y utilizaban las mismas dependencias policiales para cometer hechos aberrantes” quedando en claro que se trataba de “funcionarios concientizados con el plan de desaparición forzada de personas”.
Para la Fiscalía quedó demostrado que la Comisaría Primera fue un lugar de recepción de detenidos ilegales con signos de tortura física y alojados en dichas dependencias. Los recibían luego de la tortura que se les infringía en la cárcel en construcción (hoy Unidad Penitenciaría 13)” y en tal sentido fueron considerados como contudentes los testimonios –entre otros- de Ariel Nelson De Ciervo, Armando Alvarez, Rubén Liggera y Federico Di Sabatto.
En todo momento se habló de que las condiciones de detención en la Comisaría Primera eran infrahumanas: comida escasa o nula, sin asistencia médica, fusilamientos fingidos, etc., los detenidos no tenían posibilidad de aseo y existía hacinamiento, es decir se trataba de una “deshumanización de los detenidos”.
Se determinó que la Comisaría Primera tenía un lugar específico para la realización de las torturas que era la planta alta del edificio de calle Quintana y Gandini.
Durante la exposición del fiscal también se hizo mención a la suerte corrida por Torreta, Mesa y Romié secuestrado poco tiempo después del golpe militar de marzo de 1976. De Romié se mencionó que el mismo fue secuestrado por una comisión policial que interceptó el taxi en el que se movilizaba, en Saavedra y Aparicio, cuando salía de su trabajo en el Automóvil Club Argentino. Adelmar Adrián Romié, fue privado de su libertad en diciembre de 1976.
A su vez, Gilberto Alfredo Mesa -trabajador ferroviario y artista- fue secuestrado de su casa en calle Río Negro 370 en la madrugada del 17 de diciembre de 1976 cuando personal policial irrumpió en su casa, llevándoselo y a partir de allí se perdió todo rastro de su paradero. Sus familiares nunca tuvieron información y siempre recibieron evasivas, inclusive de Gómez Pola. Mesa estuvo detenido en la Comisaría Primaria y según se desprende de acuerdo a testimonios, fue asesinado y enterrado en la uta 7 antes de llegar a las vías, en Chacabuco.
De todo lo que se expuso también se amplió para Gómez Pola el delito de homicidio doble calificado contra Romié y Mesa y de Bracken, del delito de homicidio doblemente calificado de Hugo toreta.
El veredicto, según lo adelantado por el propio tribunal, se conocerá en el trascurso de este mes. Además desde las agrupaciones de derechos humanos de la ciudad, esperan saber qué pasará con las denuncias elevadas a la fiscalía federal de Junín de los nombres que fueron surgiendo en el juicio. El próximo lunes 10 de febrero se realizará una nueva audiencia del juicio.
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
En el salón de la Democracia del Rectorado de la UNNOBA, en el barrio Evita, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, integrado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y César Álvarez, presidió la novena jornada del juicio a ex represores juninenses de la última dictadura militar en nuestro país.
En este juicio están acusados los ex policías Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio, y el ex militar Ángel José Gómez Pola. Se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Comisaría Primera de Junín, en la Unidad Penitenciaria Número 22, por entonces en construcción, y el destacamento de Puesto Morse. Las víctimas son Romié, Mesa y Hugo Torreta: figuran en el expediente de esta causa como detenidos desaparecidos.
Por esos tres casos, de los que fueron saliendo a la luz detalles desconocidos hasta ahora durante el juicio, es que las querellas y el fiscal pidieron ampliar la acusación.
El fiscal Hernán Shapiro pidió que los hechos de Romié, Mesa y Torreta sean considerados Homicidios Calificados con Alevosía y destacó en su alocución que “promediando el debate conocemos mucho más de lo que sabíamos” destacando la declaración de testigos, la recorrida por los lugares de detención durante los oscuros años de la dictadura y el haber conocido la ciudad. “Los papeles no reflejan de ningún modo lo que fue la represión en Junín”, expresó el fiscal ante el cerrado aplauso de todos los presentes.
Agregó que “este mayor conocimiento viene a completar la información parcial. El debate permitió conocer el circuito represivo en Junín, el rol de la Comisaría Primera, los tormentos físicos y psíquicos padecidos por las víctimas y enfatizó que las condiciones en que se vieron sometidas esas personas constituyeron “verdaderos tormentos”.
Remarcó que para la Fiscalía existen circunstancias agravantes. “Hay una intensificación de la lesión de los bienes jurídicos de las víctimas”, indicó el funcionario judicial a la vez que acotó: “A más de 35 años el secuestro y posterior privación ilegal de la libertad han sido antesala de la desaparición puntual de algunas víctimas”, en alusión a la situación corrida por los juninenses Torreta, Romié y Mesa.
INSULTOS
En un momento del desarrollo de la audiencia del martes, el fiscal pidió que una mujer ubicada en el público sea retirada ya que lo estaba insultando.
Una vez visualizada por los magistrados, la mujer se vio descubierta y se retiró por sus propios medios pero uno de los jueces pidió que la Policía le tome los datos filiatorios.
JUNIN EN EL CONTEXTO DE UN PLAN SISTEMATICO REPRESIVO
“Lo sucedido en Junín –dijeron desde la Fiscalía de juicio- se circunscribe en el contexto de un plan púnico e integral de detener a las personas, interrogarlas, como mensaje de terror a la población para finalmente liberarlas o asesinarlas, según se decidiera en el momento”.
Se agregó que “hemos escuchado varios testimonios de personas secuestradas y conducidas a lugares de tortura, mantenidos en la clandestinidad. Se dan todas las circunstancias propias del circuito represivo” a la vez que quedó en claro que este plan se llevó a cabo por la coordinación de fuerzas policiales y de Ejército.
También se evidenció el poder de muchos funcionarios policiales que ejercieron “una especie de “señorío” en las víctimas y marca un nivel de impunidad a merced de las personas sin el más mínimo sentido de humanidad en una sociedad indiferente y con miedo”.
Se insistió en el “dominio de hecho que tenían los policías de la Comisaría Primera y utilizaban las mismas dependencias policiales para cometer hechos aberrantes” quedando en claro que se trataba de “funcionarios concientizados con el plan de desaparición forzada de personas”.
Para la Fiscalía quedó demostrado que la Comisaría Primera fue un lugar de recepción de detenidos ilegales con signos de tortura física y alojados en dichas dependencias. Los recibían luego de la tortura que se les infringía en la cárcel en construcción (hoy Unidad Penitenciaría 13)” y en tal sentido fueron considerados como contudentes los testimonios –entre otros- de Ariel Nelson De Ciervo, Armando Alvarez, Rubén Liggera y Federico Di Sabatto.
En todo momento se habló de que las condiciones de detención en la Comisaría Primera eran infrahumanas: comida escasa o nula, sin asistencia médica, fusilamientos fingidos, etc., los detenidos no tenían posibilidad de aseo y existía hacinamiento, es decir se trataba de una “deshumanización de los detenidos”.
Se determinó que la Comisaría Primera tenía un lugar específico para la realización de las torturas que era la planta alta del edificio de calle Quintana y Gandini.
Durante la exposición del fiscal también se hizo mención a la suerte corrida por Torreta, Mesa y Romié secuestrado poco tiempo después del golpe militar de marzo de 1976. De Romié se mencionó que el mismo fue secuestrado por una comisión policial que interceptó el taxi en el que se movilizaba, en Saavedra y Aparicio, cuando salía de su trabajo en el Automóvil Club Argentino. Adelmar Adrián Romié, fue privado de su libertad en diciembre de 1976.
A su vez, Gilberto Alfredo Mesa -trabajador ferroviario y artista- fue secuestrado de su casa en calle Río Negro 370 en la madrugada del 17 de diciembre de 1976 cuando personal policial irrumpió en su casa, llevándoselo y a partir de allí se perdió todo rastro de su paradero. Sus familiares nunca tuvieron información y siempre recibieron evasivas, inclusive de Gómez Pola. Mesa estuvo detenido en la Comisaría Primaria y según se desprende de acuerdo a testimonios, fue asesinado y enterrado en la uta 7 antes de llegar a las vías, en Chacabuco.
De todo lo que se expuso también se amplió para Gómez Pola el delito de homicidio doble calificado contra Romié y Mesa y de Bracken, del delito de homicidio doblemente calificado de Hugo toreta.
El veredicto, según lo adelantado por el propio tribunal, se conocerá en el trascurso de este mes. Además desde las agrupaciones de derechos humanos de la ciudad, esperan saber qué pasará con las denuncias elevadas a la fiscalía federal de Junín de los nombres que fueron surgiendo en el juicio. El próximo lunes 10 de febrero se realizará una nueva audiencia del juicio.