El nuevo protocolo refleja un cambio de enfoque al considerar que las protestas sociales deben ser abordadas como un problema de seguridad, priorizando la represión de las mismas. A esto lo llamamos policiamiento de la seguridad.
Pone el derecho a la libre circulación por encima de la integridad de las personas y de los derechos a la protesta, de reunión, de petición a las autoridades y a la libertad de expresión. Los derechos no son absolutos (tampoco el de la libre circulación) sino que hay algunos que son especialmente protegidos por nuestra constitución. En esto, la libertad de expresión tiene una protección constitucional privilegiada. Pareciera que este protocolo tomara partido por uno solo de los derechos y en su defensa cercena a los otros. Deja a la autoridad policial arrogarse la potestad de decidir que derechos deben primar por sobre otros.
Amplia las facultades discrecionales de las fuerzas de seguridad.Otorga demasiadas facultades a la policía, no prohibiendo la utilización de armas de fuego por parte de estas, ni tampoco que usen balas de goma para dispersar. Tampoco impone obligaciones de uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de los móviles.
Mi experiencia me indica que el uso de la fuerza siempre es complejo y difícil. Además, esto nos coloca muy por fuera de todos los protocolos universales a los que adhirió nuestro país.
La Corte Interamericana ha proporcionado claras pautas orientativas para proceder en estos casos.
Frente al horizonte de amplia conflictividad que se avizora, es un anticipo de que vendrán operativos violentos. Entiendo que ante cada manifestación, primero hay que agotar todos los recursos para garantizar la resolución pacifica de los conflictos, comenzando por canalizar el dialogo, que la negociación no puede estar en cabeza de quien conduzca el operativo, que siempre debería de estar un funcionario político responsable de coordinar todas las acciones, y que la intervención de las fuerzas policiales debe ser progresiva.
También limita el ejercicio del trabajo periodístico y el efecto de control sobre los operativos policiales que puede tener al restringir el lugar en que se deben ubicar los trabajadores de prensa que cubren la protesta.
No hay democracia sin protesta, sin posibilidad de disenso y de expresión de demandas. Pensar la protesta social con el código penal en la mano y responder con más violencia, es atentar contra la democracia misma.Desearía tener un protocolo con criterio negociador. La represión no es un buen disuasivo.
Tenemos muchas razones para estar preocupados!!