Por Senadora provincial Frente Renovador Cdora. Malena Baro
El Código Penal es el apéndice indispensable de la Constitución Nacional, en cuanto es el instrumento que establece los límites al poder punitivo del Estado y, por ende, al ámbito de libertad de sus habitantes. En consecuencia, su sanción debe ser un acto de plena consciencia y responsabilidad política por parte de todos los intervinientes.
El Anteproyecto de reforma que se impulsa desde el oficialismo pretende introducir una situación que, lejos de contribuir a resolver los graves problemas de seguridad que sufre nuestro país, propiciará un tratamiento más benévolo a los futuros delincuentes, y además, dará lugar a una oleada de revisiones de sentencias judiciales condenatorias, con seguras reducciones de penas y excarcelaciones, que pondrá en la calle a miles de delincuentes, en una suerte de amnistía general, cuyos límites, de aprobarse el anteproyecto, son imposibles de predecir.
Así es que se bajarían las penas actuales para el robo con armas, para el robo seguido de muerte, para el comercio de estupefacientes, para el abuso sexual gravemente ultrajante y se eliminaría la promoción de prostitución de mayores y el proxenetismo, entre otras medidas que resultan inaceptables, porque esto es la consolidación de la “puerta giratoria” para los delincuentes.
Por ende, las consecuencias de esta reducción generalizada de las penas no sólo es gravísima porque se reduce la sanción que se impondrá por la comisión de dichos ilícitos, sino también porque los delitos en los que la pena aplicada en concreto pueda ser de tres años (ahora casi todos), el delincuente puede solicitar la suspensión del juicio a prueba, también llamada “probation”.
De este modo, el delincuente que incurra en un robo con armas, comercio de estupefacientes o en un abuso sexual gravemente ultrajante podrá no cumplir pena y, en su reemplazo, realizar trabajo comunitario.
En otro orden, el anteproyecto elimina la prisión perpetua, estableciendo como pena máxima los 30 años, y no se tendrá más en cuenta la reincidencia al momento de establecer la nueva condena. Es decir que cada nuevo delito que se comete opera como si fuese el primero.
En el caso de los menores de 18 años, éstos no serán alcanzados por las disposiciones del Anteproyecto, lo que significa que no pueden imputárseles delitos. Así, quedará un vacío legal que impediría que los menores puedan ser detenidos por personal policial, y mucho menos ser juzgados, ya que por más de que mataran a una persona, no estarían cometiendo delitos.
Por eso, ante esta modificación del código penal que deja a la ciudadanía en un estado de desamparo ante los delincuentes, que beneficia a los que deciden vivir al margen de la ley y que baja penas y alienta las excarcelaciones, desde el Frente Renovador manifestamos nuestro más absoluto rechazo.
Estamos ante un flagelo social como la inseguridad que va en franco ascenso y que demanda de quienes gobiernan estar a la altura de las circunstancias para combatirlo. Para ello, se requiere de una legislación acorde y una reducción en las penas va en el camino inverso a lo que hoy necesita nuestra sociedad.