Los familiares de un detenido y procesado por comercio de estupefacientes han pretendido evitar su traslado a una unidad penal dependiente del Servicio Penitenciario Federal mediante presiones y amenazas. Actitudes impropias habían tenido el día anterior pero se retractaron excusándose en la situación que estaban pasando.
En la mañana de hoy los padres del imputado solicitaron una audiencia. Los recibí y, como no recibieron satisfacción a su insólito pedido, al salir comenzaron a escandalizar dirigiéndose a dos vehículos de gran porte que desde tempranas horas de la mañana estaban estacionados a pocos metros, extrayendo de su interior cadenas y candados, a la par que descendía una gran cantidad de personas. Otro de sus hijos se encadenó a la reja de la ventana de mi despacho seguido momentos después por una hermana. Ello muestra claramente que habían premeditado hacerlo.
Salí del juzgado para indicarle que no podía permitirle hacer eso, que debían retirarse del lugar y formular todas sus pretensiones por las vías legales.
En ese momento el padre del detenido, ubicado en una segunda fila detrás de unas mujeres que no puedo identificar, lazó una serie de amenazas en mi contra y de mi familia. Momentos después, cuando personal policial procedía a detener a sus hijos, desapareció del lugar, dejando allí a quien él mismo había ayudado a encadenarse a la reja.
Las decisiones tomadas en el marco de un proceso largamente investigado, basadas en las pruebas allí obtenidas, en nada se ven afectadas por actitudes como la descripta. Hoy se produjeron en este ámbito judicial, pero lamentablemente se ven reproducidas a diario en otros sectores de nuestra sociedad. El amedrentamiento y la violencia como medios para lograr fines propios no deben ser tolerados bajo ningún aspecto, puesto que de ser así, se convertirán en el medio habitual para la solución de conflictos, con los resultados que están a la vista.