Crímenes de lesa humanidad en Junín: La defensa solicitó la absolución e inmediata libertad de seis de los imputados
Solamente cuatro de los imputados llegaron a Junín. Mastandrea, Chiachietta y Gómez Pola siguieron las alternativas de la audiencia vía teleconferencia desde el penal de Ezeiza.El militar era el único que tenía justificado por razones de salud no concurrir a Junín. En los otros dos casos se habló de "desobediencia del Servicio Penitenciario Federal" ya que los imputados se negaron por su voluntad propia a ser trasladados.
Cerca del mediodìa arrancó la audiencia prevista para hoy en la jornada final del juicio a siete ex represores juninenses que actuaron en la dictadura militar. Finalmente llegaron al Salòn de la Democracia solamente cuatro de los imputados. En el caso de Gómez Pola, Mastandrea y Chiachietta permanecieron en el penal de Ezeiza por lo cual se debió volver a utilizar el sistema de teleconferencia, para que estos tres detenidos puedan seguir la marcha de la audiencia que se desarrolla en nuestra ciudad.
En este sentido, al inicio de la jornada, el Tribunal dejó en claro que solamente Gómez Pola tenía permiso para no estar presente por razones de salud. En el caso de Mastandrea y Chiachietta, los mismos manifestaron su negativa de concurrir a nuestra ciudad y el Servicio Penitenciario Federal no realizó su traslado, en clara desobediencia de lo establecido por el Tribunal Oral Criminal Federal Nro. 1 de La Plata, por lo cual el presidente del mismo hizo saber esta circunstancia y anticipando que se dará lugar a actuaciones pertinentes.
La primera actividad de la jornada consistó en el alegato del abogado defensor Ariel Hernández, quien pidió la prescripción de las causas alegando que convenios internacionales no estaban en vigencia en el momento de los hechos y que los mismos ya han sido juzgados oportunamente. Ante esto solicitó la absolución e inmediata libertad de sus asistidos: Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio Chiacchietta
Los fiscales de la Unidad que interviene en casos de terrorismo de Estado en La Plata, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira, requirieron el viernes en su alegato, que se condene a prisión perpetua al ex coronel Ángel José Gómez Pola y al ex comisario de la seccional 1era de Junín, Abel Oscar Bracken, en tanto que solicitaron penas de entre 19 y 25 años para otros cinco policías por los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 24 víctimas en el circuito represivo que funcionó en esa ciudad bonaerense durante la última dictadura. "Las fuerzas militares y policiales tuvieron un funcionamiento armónico y coordinado en la zona, dándose una unidad de acción muy marcada", destacaron los fiscales al describir el sistema local de represión en el juicio que se celebra desde noviembre pasado en la Universidad Nacional del Noroeste.
Para el ex oficial subinspector y médico policial Aldo Antonio Chiachietta y el ex oficial inspector de la delegación regional de la Dirección de Inteligencia policial (DIPBA), Francisco Silvio Manzanares, los representantes del MPF requirieron 25 años de prisión, mientras que para el ex oficial subinspector Miguel Ángel Almirón y para el ex oficial inspector Edgardo Antonio Mastandrea solicitaron 23 años. El pedido de penas se completó con el requerimiento de condena a 19 años de prisión para el ex oficial subinspector Julio Ángel Esterlich.
La altas penas solicitadas por los fiscales fueron consecuencia de la reciente ampliación que formularon en el juicio por los delitos de homicidio -en los casos de tres víctimas desaparecidas- y aplicación de tormentos, dado que los acusados habían llegado a esta instancia procesados sólo por privación ilegal de la libertad. Schapiro y Nogueira formularon la acusación más grave luego de recoger elementos de prueba durante el debate, habilitados por el artículo 381 del Código Procesal Penal, que prevé la ampliación de las imputaciones cuando los nuevos hechos ventilados tengan relación con los llevados a juicio.
Gómez Pola fue acusado por tres homicidios y Bracken por uno, lo cual explica los pedidos de prisión perpetua para ellos dos. Los siete acusados fueron, además, imputados por la aplicación de tormentos en diferentes casos.
La defensa también rechazó la imputación de genocidio, figura aplicada en el alegato de la Fiscalía. El doctor Hernández pidió la nulidad de todo lo actuado en las audiencias debido a que consideró que se han vulnerado los derechos de los imputados ante la transmisión en directo de las jornadas por parte de una agencia informativa del Poder Judicial como también por la reproducción en los medios de prensa de los testimonios vertidos durante el juicio. Para ello se basó en argumentos internacionales planteados en tal sentido.
La defensa también cuestionó la actuación de las secretarías de Derechos Humanos tanto de la Nación como de la Provincia, que actuaron como parte querellante. "La defensa técnica no solamente debió enfrentar en este juicio contra la fiscalía, sino contra otras dos partes que no están legitimidas para actuar en tal sentido", afirmó el doctor Hernández alegando que de esta manera se atentaba contra "la igualdad de las partes".
La defensa del doctor Hernàndez también pidió la nulidad del procesamiento de Almirón por el caso Bogey ya que no fue debidamente notificado de la acusación.
La defensa de los seis imputados planteó la nulidad de la ampliación del cargo de tormentos agravados contr la totalidad de sus defendidos y de homicidio contra el ex comisario Abel Oscar Bracken. También señaló que "se ha violado el derecho de defensa" en relación a lo que consideró un "exiguo plazo para responder al pedido de ampliación de los cargos" expresando que "está derogado el cargo que se pretende aplicar: el agravamiento de las penas por tratarse de perseguidos políticos".
Los planteos de nulidad se extendieron a las declaraciones indagatorias efectuadas por algunos de los imputados al ampliarse los cargos.
RADIO ABIERTA
Mientras en el interior del Salón de la Democracia se desarrolla la audiencia, en la vereda del rectorado, sobre Libertad y Primera Junta, organismos de derechos humanos realizan una "Radio Abierta" en espera del veredicto contra los ex represores que se conocerá por la tarde. Durante la misma, víctimas y familiares de desaparecidos juninenses durante la dictadura cívico-militar (1976-1983) hacen uso de la palabra junto a militantes de los organismos convocantes.
Los concejales Juan Pablo Niriche, Gustavo Traverso y Maia Leiva (Frente para la Victoria), Santiago Aguiar y Virginia González (Junín para la Victoria); Oscar Farías -quien impulsó las causas durante su gestión como director de Derechos Humanos y Asuntos Indigenas del Gobierno Local- y Alejandro Franco, actual director del área de Derechos Humanos del Ejecutivo municipal, se encuentran entre los numerosos asistentes a la audiencia.
Cerca del mediodìa arrancó la audiencia prevista para hoy en la jornada final del juicio a siete ex represores juninenses que actuaron en la dictadura militar. Finalmente llegaron al Salòn de la Democracia solamente cuatro de los imputados. En el caso de Gómez Pola, Mastandrea y Chiachietta permanecieron en el penal de Ezeiza por lo cual se debió volver a utilizar el sistema de teleconferencia, para que estos tres detenidos puedan seguir la marcha de la audiencia que se desarrolla en nuestra ciudad.
En este sentido, al inicio de la jornada, el Tribunal dejó en claro que solamente Gómez Pola tenía permiso para no estar presente por razones de salud. En el caso de Mastandrea y Chiachietta, los mismos manifestaron su negativa de concurrir a nuestra ciudad y el Servicio Penitenciario Federal no realizó su traslado, en clara desobediencia de lo establecido por el Tribunal Oral Criminal Federal Nro. 1 de La Plata, por lo cual el presidente del mismo hizo saber esta circunstancia y anticipando que se dará lugar a actuaciones pertinentes.
La primera actividad de la jornada consistó en el alegato del abogado defensor Ariel Hernández, quien pidió la prescripción de las causas alegando que convenios internacionales no estaban en vigencia en el momento de los hechos y que los mismos ya han sido juzgados oportunamente. Ante esto solicitó la absolución e inmediata libertad de sus asistidos: Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio Chiacchietta
Los fiscales de la Unidad que interviene en casos de terrorismo de Estado en La Plata, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira, requirieron el viernes en su alegato, que se condene a prisión perpetua al ex coronel Ángel José Gómez Pola y al ex comisario de la seccional 1era de Junín, Abel Oscar Bracken, en tanto que solicitaron penas de entre 19 y 25 años para otros cinco policías por los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 24 víctimas en el circuito represivo que funcionó en esa ciudad bonaerense durante la última dictadura. "Las fuerzas militares y policiales tuvieron un funcionamiento armónico y coordinado en la zona, dándose una unidad de acción muy marcada", destacaron los fiscales al describir el sistema local de represión en el juicio que se celebra desde noviembre pasado en la Universidad Nacional del Noroeste.
Para el ex oficial subinspector y médico policial Aldo Antonio Chiachietta y el ex oficial inspector de la delegación regional de la Dirección de Inteligencia policial (DIPBA), Francisco Silvio Manzanares, los representantes del MPF requirieron 25 años de prisión, mientras que para el ex oficial subinspector Miguel Ángel Almirón y para el ex oficial inspector Edgardo Antonio Mastandrea solicitaron 23 años. El pedido de penas se completó con el requerimiento de condena a 19 años de prisión para el ex oficial subinspector Julio Ángel Esterlich.
La altas penas solicitadas por los fiscales fueron consecuencia de la reciente ampliación que formularon en el juicio por los delitos de homicidio -en los casos de tres víctimas desaparecidas- y aplicación de tormentos, dado que los acusados habían llegado a esta instancia procesados sólo por privación ilegal de la libertad. Schapiro y Nogueira formularon la acusación más grave luego de recoger elementos de prueba durante el debate, habilitados por el artículo 381 del Código Procesal Penal, que prevé la ampliación de las imputaciones cuando los nuevos hechos ventilados tengan relación con los llevados a juicio.
Gómez Pola fue acusado por tres homicidios y Bracken por uno, lo cual explica los pedidos de prisión perpetua para ellos dos. Los siete acusados fueron, además, imputados por la aplicación de tormentos en diferentes casos.
La defensa también rechazó la imputación de genocidio, figura aplicada en el alegato de la Fiscalía. El doctor Hernández pidió la nulidad de todo lo actuado en las audiencias debido a que consideró que se han vulnerado los derechos de los imputados ante la transmisión en directo de las jornadas por parte de una agencia informativa del Poder Judicial como también por la reproducción en los medios de prensa de los testimonios vertidos durante el juicio. Para ello se basó en argumentos internacionales planteados en tal sentido.
La defensa también cuestionó la actuación de las secretarías de Derechos Humanos tanto de la Nación como de la Provincia, que actuaron como parte querellante. "La defensa técnica no solamente debió enfrentar en este juicio contra la fiscalía, sino contra otras dos partes que no están legitimidas para actuar en tal sentido", afirmó el doctor Hernández alegando que de esta manera se atentaba contra "la igualdad de las partes".
La defensa del doctor Hernàndez también pidió la nulidad del procesamiento de Almirón por el caso Bogey ya que no fue debidamente notificado de la acusación.
La defensa de los seis imputados planteó la nulidad de la ampliación del cargo de tormentos agravados contr la totalidad de sus defendidos y de homicidio contra el ex comisario Abel Oscar Bracken. También señaló que "se ha violado el derecho de defensa" en relación a lo que consideró un "exiguo plazo para responder al pedido de ampliación de los cargos" expresando que "está derogado el cargo que se pretende aplicar: el agravamiento de las penas por tratarse de perseguidos políticos".
Los planteos de nulidad se extendieron a las declaraciones indagatorias efectuadas por algunos de los imputados al ampliarse los cargos.
RADIO ABIERTA
Mientras en el interior del Salón de la Democracia se desarrolla la audiencia, en la vereda del rectorado, sobre Libertad y Primera Junta, organismos de derechos humanos realizan una "Radio Abierta" en espera del veredicto contra los ex represores que se conocerá por la tarde. Durante la misma, víctimas y familiares de desaparecidos juninenses durante la dictadura cívico-militar (1976-1983) hacen uso de la palabra junto a militantes de los organismos convocantes.
Los concejales Juan Pablo Niriche, Gustavo Traverso y Maia Leiva (Frente para la Victoria), Santiago Aguiar y Virginia González (Junín para la Victoria); Oscar Farías -quien impulsó las causas durante su gestión como director de Derechos Humanos y Asuntos Indigenas del Gobierno Local- y Alejandro Franco, actual director del área de Derechos Humanos del Ejecutivo municipal, se encuentran entre los numerosos asistentes a la audiencia.