Pero el hecho es que las calles y los barrios también fueron escenarios de la represión ilegal que derivó en crímenes de lesa humanidad. Ciudadanos privados ilegalmente de su libertad, torturados, puestos a merced del poder arbitrario de los jerarcas de las fuerzas armadas que ilegalmente se hicieron cargo del poder, padecieron esa iniquidad, ya que la justicia también se subordinó mayoritariamente al poder militar, y caso contrario fue combatida afrentosamente. Hugo Torreta, Gilberto Mesa, Adrián Romié y Enrique Ríos Duré aún permanecen desaparecidos.
Desde el momento de los hechos y muy especialmente desde el regreso de la Democracia, las víctimas, sus familiares y las organizaciones de Derechos Humanos han exigido justicia.
La política de DDHH del Gobierno Nacional, y específicamente la derogación de la ley de punto final, permitió que finalmente el caso de los delitos de lesa humanidad cometidos en Junín, se llevara adelante en un juicio oral y público.
Esta circunstancia ha hecho posible que gran parte de la ciudadanía pudiera recuperar la historia y construir la memoria colectiva, dándose la oportunidad de escuchar la voz de las víctimas y dimensionar las consecuencias de los hechos. Incluso, queda abierta la posibilidad de que se sustancien nuevas instancias judiciales para juzgar a otros responsables, cuyos nombres y acciones emergieron en este juicio.
Nuestro Bloque de Concejales Junín Para la Victoria fundamenta su proyecto y acción legislativa en una concepción amplia de los derechos humanos, como queda en evidencia en proyectos de ordenanzas referidos a la protección de la niñez y adolescencia, salud mental, hábitat y derecho a la ciudad, políticas de equidad y justicia fiscal, fortalecimiento de la participación de las organizaciones sociales, cultura abierta, legislación participativa, políticas ambientales que prioricen el desarrollo sustentable y la salud, extensión de infraestructura y servicios básicos a sectores postergados, reclamos de las necesidades de pueblos originarios, entre otros, y naturalmente incluye la política de memoria, verdad y justicia.
Para que este juicio, en tanto hecho histórico, impacte en toda la sociedad con proyección a futuro, las políticas públicas locales deberán asumir un rol central en la consolidación del Estado Social de derecho, en el fortalecimiento de la memoria colectiva, siendo sostén y generando espacios de confluencia de agrupaciones que promueven la defensa de los derechos humanos; así diferentes agrupaciones con diversas trayectorias, expresan una amplia variedad de miradas que pueden confluir y potenciar el pleno ejercicio de los derechos humanos.
¿Por qué el Bloque de Concejales Junín Para la Victoria entiende imprescindible expresar este posicionamiento? Porque el Gobierno municipal de Junín y la casi totalidad de sus funcionarios, han mostrado indiferencia y falta de compromiso en este tema, lo cual es consecuente con su práctica política y los lineamentos de su gestión, que sistemáticamente dejan de lado la responsabilidad con la ampliación de derechos de los vecinos de Junín.
Como concejales del Frente Para la Victoria consideramos imprescindible capitalizar y socializar la experiencia histórica y ser consecuente con las políticas llevadas adelante por el Gobierno Nacional, fundando nuestra labor legislativa en la extensión de derechos para todos los vecinos de Junín, promoviendo el protagonismo de las organizaciones intermedias, la participación de los ciudadanos y el modelo de legislación participativa.
La falta de compromiso del actual gobierno municipal pone de manifiesto la necesidad imperativa de promover un cambio sustancial hacia una cultura del derecho, y allí radica nuestra vocación irrenunciable.