Buscó deslindar toda responsabilidad del militar en las operaciones de represión y atribuyó como máxima autoridad en ese momento al coronel Félix Camblor, ya fallecido. Afirmó que los cargos que le imputan "ya prescribieron".
La doctora Paula Colombo, defensora del teniente coronel Angel José Gómez Pola consideró que "no está acreditada la imputación penal de su defendido" por lo que solicitó su liberación, al igual que la absoluciòn como también coincidió con el doctor Hernández sobre la prescripción de los cargos y pidió diversos nulidades, como también rechazó la imputación de genocidio, planteado por la fiscalía y la querella.
Consideró que el responsable era el coronel Félix Camblor jefe de la Guarnición Militar Junín. Definió e insistió que el militar nombrado -ya fallecido- era la autoridad máxima en todo momento. "La tarea que desarrollaba mi asistido era la de instruir a la tropa y cumplir con las órdenes del Comando de Artillería 101, órdenes comunes en el desempeño que a cada uno le correspondía. Debía cumplir las órdenes del jefe de la subzona 13", insistió la abogada defensora.
"En situación de licencia de Camblor eran el teniente coronel Díaz López y luego Melsner, porque tenían mayor antigûedad que el resto y eran integrantes de la plana mayor", continuó esbozando la defensora quien afirmó, como ejemplo del poder que ejercía el militar muerto, destituyó al intendente Abraham Ise y puso en su lugar al intendente de facto capitàn (R.E.) Roberto Antonio Sahaspé, quien dependía de Camblor. "Tenìa una directa autoridad sobre Junín y toda su zona de influencia" agregó.
El alegato de la doctora Colombo tuvo lugar tras la extensa exposición del doctor Hernández que duró unas cinco horas y media, ya que comenzó poco antes de las 13 y se extendió hasta pasadas las 18.30, con dos cuartos intermedios.
La doctora Colombo recurrió a testimonios de juninenses detenidos en forma ilegal durante el régimen militar quienes hicieron mención al mismo Camblor y a otros jefes militares como Díaz, Larrateguy y Melsner, tratando de dejar ajeno en todo momento de las acciones represivas y de toma de declaraciones a su defendido.
Sobre el caso del homicidio de Adrián Romié, la defensora consideró que Gómez Pola no estuvo involucrado en este episodio y también recurrió a varios testimonios como el de la madre del joven juninense desaparecido. Idéntica estrategia impulsó en el caso de Alberto "Beto" Mesa y en el homicidio de Hugo Torreta.
"Quien mandaba y conducía en la ciudad de Junín era Camblor y su plana mayor. Nadie manifestó tener un permiso firmado por mi defendido y tampoco nadie manifestó haber sido interrogado por Gómez Pola en la cárcel, en la Comisaría Primera o en Morse", insistió la doctora Colombo.
Atribuyó a "elucubraciones" las imputaciones al jefe militar respecto a las responsabilidades que le cabían a Gómez Pola en Junín, durante la dictadura a la vez que agregó que no está probado que haya impartido órdenes en relación a la desaparición física de Torreta, Romié y Mesa.
"En este juicio no se puede acreditar de modo alguno la mano de Gómez Pola en los hechos que se imputan. A mi defendido se le endilgan la autoría de los hechos investigados pero sin haber acreditado una conducta desvaliosa,sino simplemente por el cargo que detentaba en la época en que sucedieron los hechos", afirmó la abogada quien en la parte final volvió a insistir en pedir la absolución e inmediata libertad de Gómez Pola quien tiene 85 años (en el momento de los acontecimientos contaba con 46 años de edad) y un pronóstico médico sumamente complejo de acuerdo a informes periciales forenses.
La doctora Paula Colombo, defensora del teniente coronel Angel José Gómez Pola consideró que "no está acreditada la imputación penal de su defendido" por lo que solicitó su liberación, al igual que la absoluciòn como también coincidió con el doctor Hernández sobre la prescripción de los cargos y pidió diversos nulidades, como también rechazó la imputación de genocidio, planteado por la fiscalía y la querella.
Consideró que el responsable era el coronel Félix Camblor jefe de la Guarnición Militar Junín. Definió e insistió que el militar nombrado -ya fallecido- era la autoridad máxima en todo momento. "La tarea que desarrollaba mi asistido era la de instruir a la tropa y cumplir con las órdenes del Comando de Artillería 101, órdenes comunes en el desempeño que a cada uno le correspondía. Debía cumplir las órdenes del jefe de la subzona 13", insistió la abogada defensora.
"En situación de licencia de Camblor eran el teniente coronel Díaz López y luego Melsner, porque tenían mayor antigûedad que el resto y eran integrantes de la plana mayor", continuó esbozando la defensora quien afirmó, como ejemplo del poder que ejercía el militar muerto, destituyó al intendente Abraham Ise y puso en su lugar al intendente de facto capitàn (R.E.) Roberto Antonio Sahaspé, quien dependía de Camblor. "Tenìa una directa autoridad sobre Junín y toda su zona de influencia" agregó.
El alegato de la doctora Colombo tuvo lugar tras la extensa exposición del doctor Hernández que duró unas cinco horas y media, ya que comenzó poco antes de las 13 y se extendió hasta pasadas las 18.30, con dos cuartos intermedios.
La doctora Colombo recurrió a testimonios de juninenses detenidos en forma ilegal durante el régimen militar quienes hicieron mención al mismo Camblor y a otros jefes militares como Díaz, Larrateguy y Melsner, tratando de dejar ajeno en todo momento de las acciones represivas y de toma de declaraciones a su defendido.
Sobre el caso del homicidio de Adrián Romié, la defensora consideró que Gómez Pola no estuvo involucrado en este episodio y también recurrió a varios testimonios como el de la madre del joven juninense desaparecido. Idéntica estrategia impulsó en el caso de Alberto "Beto" Mesa y en el homicidio de Hugo Torreta.
"Quien mandaba y conducía en la ciudad de Junín era Camblor y su plana mayor. Nadie manifestó tener un permiso firmado por mi defendido y tampoco nadie manifestó haber sido interrogado por Gómez Pola en la cárcel, en la Comisaría Primera o en Morse", insistió la doctora Colombo.
Atribuyó a "elucubraciones" las imputaciones al jefe militar respecto a las responsabilidades que le cabían a Gómez Pola en Junín, durante la dictadura a la vez que agregó que no está probado que haya impartido órdenes en relación a la desaparición física de Torreta, Romié y Mesa.
"En este juicio no se puede acreditar de modo alguno la mano de Gómez Pola en los hechos que se imputan. A mi defendido se le endilgan la autoría de los hechos investigados pero sin haber acreditado una conducta desvaliosa,sino simplemente por el cargo que detentaba en la época en que sucedieron los hechos", afirmó la abogada quien en la parte final volvió a insistir en pedir la absolución e inmediata libertad de Gómez Pola quien tiene 85 años (en el momento de los acontecimientos contaba con 46 años de edad) y un pronóstico médico sumamente complejo de acuerdo a informes periciales forenses.