Por Alejandro Braga, presidente del Consejo Escolar de Junín.-Días atrás, en medio de la ola naranja que inundó las costas atlánticas de campaña presidencial, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, anunció la puesta en marcha del “Operativo Escuelas” que contempla, entre otros aspectos, mejoras edilicias y equipamiento de las escuelas con el fin de “garantizar la calidad del ciclo lectivo, desde la infraestructura, las condiciones laborales y alimentarias, en un trabajo coordinado por todo el gabinete provincial. Este Operativo Escuelas busca que los establecimientos estén preparados para recibir a los chicos a la vuelta de las vacaciones y que lleguen las soluciones de fondo” según declaraciones oficiales.
Cuando leemos “Operativo Escuelas” es difícil no pensar por ejemplo en el “Operativo Sol”. Reducir la complejidad del inicio de cada ciclo lectivo (sobre todo teniendo en cuenta las últimas experiencias) a la pretensión de que puede ser abordado con un operativo es, al menos, subestimar la situación y subestimarnos a los bonaerenses. No se trata de las vacaciones, ni del mes más apropiado como para arrancar, las escuelas necesitan acciones que se sostengan en el tiempo.
Cada año de la última década, además de las novelas de las paritarias, los bonaerenses asistimos a la recurrencia sistemática de los síntomas de la crisis educativa. Comedores Escolares a la deriva, edificios de larga data sin soluciones definitivas, temas tabú como la violencia en la escuela o la evaluación de la calidad académica, ausentismo, deserción y otros tantos son parte del menú fijo que se instala en nuestra mesa durante todo marzo y permanece latente detrás de cualquier discusión del sistema educativo que todos queremos.
Este anuncio de operativo lo primero que pone en evidencia es que la estrategia de Scioli pasa por pintar todo de naranja, con la intención de que un buen operativo de prensa y unos pesos (que no son tantos) puedan cubrir la falta de planificación a mediano plazo y la desatención de cuestiones fundamentales de nuestras escuelas.
El verdadero operativo escuela lo hacen todos los días aquellos docentes y alumnos que le ponen buena voluntad a edificios cuyas condiciones distan mucho de ser las mejores, los que compran material de su bolsillo, aquellos que desinteresadamente salen a buscar donaciones de facturas para que los chicos tengan un desayuno un poco más digno, los cooperadores y voluntarios que pasan un sábado arreglando o pintando, o los gobiernos locales, que colaboran permanentemente con las escuelas desinfectando, cortando el pasto, haciendo refacciones o brindando elementos esenciales para el día a día en las aulas. Los mismos municipios que realizan una ejecución cuidadosa buscando cubrir un amplio espectro de necesidades con un fondo de financiamiento educativo que el gobierno pretende usar como chivo expiatorio de cada responsabilidad de la cual busca desentenderse. Se desentiende de las escuelas, de la inflación, de la inseguridad y de paso desconoce la perversa reproducción de desigualdades que el vaciamiento de la educación genera, la imposibilidad de brindar herramientas para el ascenso social, la estratificación de las escuelas como reflejo de la de la sociedad.
Una de las conclusiones que este escenario genera es que la verdadera solución del sistema educativo quizás pase por una reforma política. Si acortamos los mandatos del gobernador a un (1) año de duración todos los años serían electorales, entonces este Señor hubiera trabajado con la misma aparente dedicación y quizás los fondos hubieran aparecido un poco antes y con más frecuencia.
Otra posibilidad, y más bien la única, es exigirle a la clase política una priorización más evidente y más seria de la cuestión educativa. No queremos “operativos” para salir del paso y medir bien en las encuestas. Necesitamos políticas de estado que demuestren que quienes gobiernan han entendido la importancia estratégica de la educación pública como salida sustentable a tantos problemas de la sociedad que después quieren resolver con más “operativos”. Necesitamos una provincia y un país que jerarquicen el rol del docente y alumnos en derechos y obligaciones, que garanticen la nutrición y la inclusión educativa reconciliándolas con la calidad. Necesitamos pensar y empezar distinto.